Cómo se normalizó la precariedad (y qué hizo España al respecto)

El empleo no es lo que era. Los cambios tecnológicos, la globalización y la aparición de nuevas formas de relación laboral han dado lugar a una nueva precariedad que, poco a poco, amenaza con convertirse en una nueva norma. Como tal, requiere una respuesta por parte de las autoridades, que han seguido la máxima de “si no puedes contra el enemigo, únete a él”. Como recuerda una investigación publicada en el último número de ‘Work, Employment and Society’, la forma en que los países europeos están adaptándose a esta nueva situación está dando lugar a “contradicciones y tensiones”. Si antes la precariedad (sueldos bajos, contratos temporales, empleos a tiempo parcial) era una situación excepcional que había que erradicar, ahora pasan a convertirse en una realidad para millones de trabajadores.

Las particularidades de este proceso han provocado que el empleo esté desmercantilizándose y remercantilizándose al mismo tiempo. En otras palabras, en algunos sentidos se ha reducido a una relación puramente mercantil entre empresas y trabajadores que provoca la desaparición de derechos laborales y de protecciones sociales, mientras que en otros han surgido nuevas formas de protección. El estudio realizado por investigadores de la Universidad de Mánchester y dirigidos por Jill Rubery, del Instituto de Empleo y Desigualdad advierte ante la posibilidad de un nuevo escenario en el que las empresas se “sientan libres para seguir creando trabajo precario y fragmentado” mientras el peso de la protección de los ciudadanos recae sobre el Estado. Algo, advierten, “económicamente insostenible”.

En España, al igual que ocurre en Alemania, la brecha entre las dos formas de empleo (convencional y no convencional) es grande

Para el análisis se han tenido en cuenta los datos de seis países europeos, entre los que se encuentra España, pero también Reino Unido, Dinamarca, Alemania, Francia y Eslovenia. El nuestro es un país en el que la mayor parte de los ingresos familiares siguen siendo aportados por los hombres (como en Alemania), donde gran parte de las protecciones recaen sobre el Estado (como en Francia), con una flexibilidad laboral moderada para los trabajadores fijos y, sobre todo, con una gran brecha entre las formas de empleo convencionales y las no convencionales (es decir, los empleos a tiempo parcial, temporal o de cero horas, un modelo cada vez más popular en países como Reino Unido).

Consecuencias imprevistas

El informe utiliza el concepto “NSFE” (‘non-standard forms of employment’) para englobar todos estos trabajos que, se prevé, aumentarán sensiblemente durante los próximos años. Ante ello, la mayoría de países están tomando posiciones para “normalizarlo, a través de una extensión de las protecciones laborales y la construcción del trabajo precario como una alternativa al desempleo”. Ese es uno de los problemas asociados a las políticas de activación: las cada vez más comunes sanciones a aquellos que se niegan a aceptar un trabajo precario “comprometen la libre voluntad de los desempleados”, uno de esos peligrosos movimientos de remercantilización del trabajo. O precariedad o castigo.

Muchas políticas de activación han empujado a aceptar trabajos precarios. (iStock)Muchas políticas de activación han empujado a aceptar trabajos precarios. (iStock)

Los autores utilizan su bisturí para analizar qué efectos están causando estas nuevas políticas sociales. En ocasiones, han hecho aparecer nuevos riesgos. Es el caso de la conciliación entre vida y trabajo, en la que muchos de los nuevos precarios están expuestos a una flexibilidad extrema impuesta por sus potenciales empleadores o llegan a pasar gran parte de su tiempo libre esperando a que les llamen o buscando trabajo. En España, los trabajadores tienen derecho a conocer los cambios de su horario con 72 horas de antelación, y algunos países como Francia o Dinamarca han implementado un sistema que obliga a contratar un mínimo de horas a los trabajadores a tiempo parcial, con el objetivo de minimizar los efectos negativos de esta situación.

Uno de los ámbitos en el que la respuesta de los gobiernos aún no está siendo suficiente es la extensión de la protección a los autónomos, figura en auge que en la mayoría de países europeos –con la salvedad de Reino Unido– no se beneficia de un salario mínimo. Otras dificultades son trabajar un número suficiente de horas al mes, así como la alta dificultad para muchos trabajadores inmersos en el ciclo interminable del trabajo precario a la hora de convertirse en indefinidos: los autores recuerdan que en España los programas de incentivos para convertir a los empleados temporales en indefinidos han tenido “un impacto limitado”.

Muchos signos muestran que las responsabilidades están pasando de las empresas al Estado, que debe costear dichas políticas sociales

No obstante, hay algunos movimientos positivos. Por ejemplo, la subida de los salarios mínimos (Alemania introdujo el suyo en enero de 2015) y la aparición de nuevas formas de proetección social que han pasado de ser exclusivas para parados a incluir también a los trabajadores precarios. Es lo que ocurre en Francia, Alemania o Reino Unido. Los autores vuelven a recordar que, una vez más, es un signo de que “las responsabilidades están pasando de las empresas al Estado”. Esa una de las grandes contradicciones que presentan las medidas “normalizadoras” de la precariedad, que parecen haberse rendido ante la posibilidad de regular la actuación de las empresas.

Un futuro incierto

Los investigadores recuerdan el razonamiento de Guy Standing, autor de ‘El precariado’, que defendía la implantación de una renta básica que proporcionase un mayor poder de negociación a los trabajadores y les permitiese rechazar el trabajo precario. De lo contrario, recordaba el hombre que acuñó el término “precariado”, se corre el riesgo de crear un sistema en el que millones de trabajadores tengan que elegir entre el paro o un trabajo mal pagado.

Los autores recuerdan que muchas de las posibles reformas son particularmente utópicas. La renta básica es una buena muestra de ello, ya que en lugar de reformar poco a poco los sistemas de protección, como se está haciendo, reemplaza por completo el actual sistema de prestaciones de los países desarrollados, lo que supone un gran riesgo a la hora de implantarse. La gran pregunta, en todo caso, es cómo garantizar la sostenibilidad de estos sistemas. Centrarse en una solución heterodoxa como esa, sugieren los autores, está impidiendo que olvidemos otro factor importante: que de esa manera, se está haciendo el juego a aquellos que pretender desregular la legislación laboral y eliminar las prestaciones actuales.

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