Venezuela enfrenta cinco demandas ante el Ciadi que comprometen el patrimonio nacional

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Caracas. – La demanda contra 43 personas y empresas en Florida no es el único enfrentamiento legal vinculado a Pdvsa que afronta Venezuela. La nación tiene actualmente cinco procesos abiertos ante el Centro Internacional de Arreglos de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), todos en contra, indica el portal web del tribunal de arbitraje adscrito al Banco Mundial.

Un viejo conflicto con la casa matriz de Lubricantes Venoco, dos litigios por concesiones mineras y dos acciones judiciales por explotación de petróleo (incluyendo la demanda de ConocoPhillips) conforman la lista. ¿Qué tienen en común? Son consecuencia de desacuerdos tras la nacionalización de la Faja Petrolífera del Orinoco en 2007, y de las expropiaciones de 2009 concretadas por Hugo Chávez. Todas las reclamaciones, además, se enfrentan directamente al Estado venezolano, factor que representa un peligro importante para la economía de este país, advierte el abogado Carlos Ramírez López.

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“La situación es bastante delicada. Sería muy grave asumir el pago de todo ese dinero”, afirma el especialista con más de 40 años de experiencia. “La legislación estadounidense establece que, independientemente de los resultados, ambos involucrados deben pagar los costos del proceso. Venezuela mantiene en curso estas demandas en plena debacle de Pdvsa”.

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Las causas de estas acciones legales podrían ocasionar que el fallo sea contra Venezuela, asegura Ramírez López. “Los resultados dependerán de los términos de los contratos suscritos con estas compañías, y de cómo el Estado venezolano responde a cada caso. Sin embargo, al ser provocada por expropiaciones, medidas arbitrarias de Hugo Chávez, se deben evaluar también los tratados internacionales que fueron violados. Las posibilidades de que estas demandas se pierdan son altas, y que esto pase provocaría una crisis gravísima. Podríamos enfrentarnos a escenarios en los que se embarguen bienes de la nación, propiedades, empresas estatales, porque la demanda no va dirigida a una compañía específica (Pdvsa, por ejemplo), sino al país”.

Independientemente del fallo del tribunal, Venezuela debe asumir costos del proceso legal, que podrían afectar el patrimonio de la nación | Foto: referencial

El abogado se manifiesta preocupado por “la inactividad de la Asamblea Nacional (AN) ante estas acciones legales”, y exhorta al órgano a investigar el estatus de los procesos. “No estamos seguros de cómo estén siendo atendidas estas demandas por el Estado venezolano, y estos procesos se están llevando a cabo además sin el control de la AN; es un panorama muy preocupante.

Venezuela no produce absolutamente nada que no sea petróleo. Si este es el único ingreso del país y lo cortan, las consecuencias serán muy graves”.

El Pitazo contactó a Juan Guaidó, diputado y presidente de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional (AN), para contrastar esta afirmación. No se obtuvo respuesta.

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Los litigios

El portal del Centro Internacional de Arreglos de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) registra 21 demandas activas contra Venezuela, de 44 acciones interpuestas. Cinco de los procesos —que involucran litigios con empresas de transporte, turismo, agroindustria, entre otros— corresponden a la industria de petróleo y minas:

  • Venoklim Holding BV. La acción legal interpuesta por Venoklim Holding BV, empresa holandesa dueña de la filial venezolana Industrias Venoco, fue registrada el 25 de septiembre de 2017, según indica la base de datos de casos del Ciadi. Es el segundo arbitraje internacional que afronta la compañía contra Venezuela, señala la revista especializada de arbitraje Ciar Global, luego de que en 2015 el mismo ente desestimara la solicitud de indemnización que introdujo en 2010, cuando invocó la Ley de Inversiones venezolana de 1999. En esa oportunidad el tribunal falló a favor de Venezuela por falta de jurisdicción, puesto que Venezuela alegó que la demanda no procedía al tratarse de una inversión nacional representada por un empresario venezolano.

En esta ocasión, Venoklim se ampara en el Tratado Bilateral de Inversiones Holanda-Venezuela de 1991. Los árbitros de esta nueva acción fueron designados el 19 de marzo de 2018.

  • Anglo American PLC. La empresa británica demandó a Venezuela luego de que Hugo Chávez, en 2012, le cancelara 13 concesiones y no renovara tres más. Hasta ese momento, la minera —una de las más grandes del mundo— fue propietaria del 91,4% de la mina Loma de Níquel en Venezuela, reseñó el portal Business News Americas. La medida tomada por el fallecido Presidente significó la caída de 12% en la producción de Anglo American.

El portal del Ciadi señala que la acción legal fue registrada el 10 de abril de 2014. La última audiencia data del 28 de abril de 2017. El proceso se mantiene activo.

  • Highbury International AW y Ramstein Trading Inc. La empresa holandesa y su filial iniciaron una demanda contra Venezuela por el retiro de siete concesiones para la extracción de oro y diamantes en la zona del Río Bajo Caroní en el estado Bolívar, indica Latin American Herald Tribune. La acción legal invoca el Tratado Bilateral de Inversiones Holanda-Venezuela de 1991, señala el portal del Ciadi, que ha mantenido el proceso en pie desde enero de 2011, cuando se registró en el tribunal.

Sin embargo, la última audiencia, el 28 de febrero de 2018, contempló la anulación del litigio.

  • Universal Compression Inter. La firma, perteneciente a la empresa estadounidense Exterran, fue afectada por las expropiaciones de 2009. La gasífera introdujo el arbitraje en el 2010 por sus activos valuados en 400 millones de dólares, luego de que Pdvsa asumiera sus funciones, tras la promulgación el 7 de mayo de 2009 de la Ley Orgánica que Reserva al Estado Bienes y Servicios Conexos a las Actividades Primarias de Hidrocarburos, reseñó Reuters en enero de 2012

Pese a que el Estado venezolano declaró que se había llegado a un acuerdo con Universal Compression para el cese de la demanda, ésta aún se mantiene pendiente en el Ciadi.

En la última audiencia del caso, el 7 de febrero de 2017, la suspensión del procedimiento se prorrogó hasta el 31 de marzo de 2017, de conformidad con el acuerdo entre las partes. Desde entonces no cambia su estatus.

  • Conoco Phillips. El arbitraje inició el 13 de diciembre de 2007. Luego de la nacionalización de dos proyectos en el Orinoco (2007) y dos convenios de exploración en Oriente, Conoco Phillips demandó a Venezuela ante el Ciadi por una indemnización de 31.000 millones, indica el portal Petroguía (del Grupo Editorial Producto). El 13 de junio del 2010 se produjo una audiencia conclusiva, pero cuatro meses después el tribunal recibió una petición de descalificación de uno de los árbitros.

La demanda se mantiene pendiente, y tuvo su audiencia más reciente el 19 y 21 de septiembre de 2017.

En 2009, Conoco intentó ejercer una opción de compra de 50% sobre la participación venezolana en la refinería Money Sweeny, de Texas, según lo previsto en los términos de negociación de ambas empresas. Venezuela inició en 2010 una demanda en contra de este hecho.

En enero de 2017, Conoco Phillips demandó directamente a Petróleos de Venezuela, a PDV Holding y a la petrolera rusa Rosneft Trading S.A. La acción legal fue introducida el 10 de enero de 2017 en la Corte Federal de Delaware, y alega que Pdvsa, a través de PDV Holding, transfirió de manera fraudulenta 49,9% de las acciones de Citgo Holding Inc. para evitar cumplir las obligaciones generadas por la expropiación de activos de las empresas en Venezuela.

Conoco también interpuso una acción ante la Cámara de Comercio Internacional (CCI), que dictó en septiembre de 2012 un laudo indemnizando a Conoco por una reducción de la producción de sus proyectos durante el año 2006, en el marco de un recorte acordado por la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP). El tribunal asignó a la estadounidense 67 millones de dólares, y Venezuela los pagó en noviembre de ese año.

Para verificar el estado actual de estos procesos legales, El Pitazo solicitó una entrevista con el Procurador General de la República, Reinaldo Muñoz Pedroza, a través de un oficio entregado el 18 de abril en la sede del organismo, ubicado en Santa Mónica. Personal de la oficina de Recepción y Correspondencia informó que el requerimiento, registrado en el control interno con el N° 105, será contestado en los próximos 90 días hábiles.

¿Coincidencia?

Luego de los laudos afrontados por Pdvsa ante el Ciadi, Hugo Chávez solicitó en 2012 el retiro de Venezuela del organismo adscrito al Banco Mundial. Sin embargo, los procesos judiciales activos para el momento deben proseguir hasta su culminación, así como los interpuestos en los 10 años siguientes a la solicitud del fallecido mandatario.

Entre las demandas contra Venezuela que se mantienen activas ante el Ciadi (en otras áreas distintas a la petrolera), figura la acción legal interpuesta en 2012 por la sede en Barbados de Blue Bank International, que reclama 300 millones de dólares de pérdidas, tras la expropiación (2007) de sus inversiones en compañías venezolanas del sector turístico, vinculadas a la construcción del parque recreativo caraqueño Ávila Mágica y la restauración del hotel Humboldt, reseñó el portal español Voz Populi.

En agosto de 2017 se inició el proceso de anulación del caso. Pero, tras cinco audiencias, fue reanudado el laudo arbitral.

Sin embargo, el 20 de marzo de 2018, Blue Bank International presentó una solicitud para continuar la suspensión de la ejecución del laudo. La acción fue tomada 12 días después de que la sede en Curazao de esta institución fuese demandada por Pdvsa (junto a otras 42 personas y empresas), a través de un fideicomiso, el 8 de marzo de 2018 en Florida por estar presuntamente involucrada en una estructura corrupta que se benefició de información privilegiada de la estatal venezolana.

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Derrotas recurrentes

Como consecuencia de la nacionalización de la Faja Petrolífera del Orinoco en 2007 por parte de Hugo Chávez, Venezuela debió afrontar al menos 15 demandas, según BBC, interpuestas por las empresas que estuvieron en desacuerdo a la medida. La nacionalización implicó que las compañías involucradas en la explotación de los campos petrolíferos se ajustaran a una estructura mixta, donde el Estado venezolano asume más del 50% de las acciones y, por lo tanto, control sobre las decisiones.

Como Conoco Phillips la empresa Exxon Mobil tampoco accedió a acatar las instrucciones del gobierno venezolano e inició laudos arbitrales ante el Centro Internacional de Arreglos de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) y la Cámara de Comercio Internacional (CCI).

En 2012, la CCI otorgó a Exxon una indemnización por 908 millones de dólares. Sin embargo, la estatal venezolana lo asumió —y difundió—como una victoria, pues sólo debió asumir el pago de 255 millones de dólares tras descontar las deudas que mantenía Exxon con Pdvsa por el proyecto de Cerro Negro, los más de 300 millones de dólares de Pdvsa que fueron congelados en Nueva York (por petición de Exxon) y 160 millones de dólares por reconversión.

No es el único juicio perdido por Pdvsa. El periodista canadiense Steven Bodzin desarrolló en 2014 una investigación donde reveló que la estatal venezolana perdió en 2013 una demanda por 644 millones de dólares interpuesta por Gulmar Offshore Middle East LLC y Kaplan Industry Inc.

Bodzin relata que en 2007 Gulmar y Kaplan (una compañía de cuestionable trayectoria, según el mismo trabajo) se asociaron para arrendar a Venezuela tres buques, para topografía, mantenimiento y construcción de tuberías en el Lago de Maracaibo por un costo de más de 1.000 millones de dólares.

“El ejecutivo de Pdvsa José Luis Parada firmó los contratos de arrendamiento por cinco años el 23 de mayo de 2008, con los costos de petróleo por encima de $130 por barril”, señala el reportaje. “En agosto, los precios habían caído por debajo de $130. Al final del año, los precios habían colapsado a menos de $40. A fines de año, Pdvsa dejó de pagar sus facturas a casi todos. En mayo de 2009, cuando las empresas de servicios amenazaban con dejar de trabajar por las deudas pendientes, el gobierno confiscó los buques, junto con los activos de otras 73 compañías marítimas a orillas del lago de Maracaibo. El estado se negó a permitir que los barcos abandonaran el lago durante meses, alegando que habían sido nacionalizados. Finalmente navegaron en diciembre. Los documentos presentados en los casos de los Estados Unidos indicaron que los buques cumplieron 14 meses del contrato de cinco años”, indica la investigación periodística.

El pago por la derrota de Pdvsa en esta acción legal consta, según Bodzin, en los estados financieros de la estatal venezolana, de junio de 2014. Sin embargo, esta información ya no se encuentra disponible en el portal web de Pdvsa.

El hermetismo en torno a las demandas de la petrolera venezolana alcanza, incluso, los gastos por acuerdos u honorarios a abogados. Una fuente vinculada a la acción legal interpuesta por Exim Brickell contra Bariven —en la que se exigía a la filial de Pdvsa una compensación superior a los $77 millones por suspensión de pagos y daños causados por la violación de cláusulas contractuales en la compra de alimentos para Pdval— aseguró a El Pitazo que Pdvsa pagaba semanalmente 50.000 dólares al bufete de abogados Foley Hoag por su defensa, y que la suma alcanzó un total de 6 millones de dólares. Este monto, como los montos adeudados por las cinco demandas contra Venezuela, activas ante el Ciadi, no han sido reportados por el Estado venezolano.

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El Pitazo

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